Experto en análisis de riesgo y seguridad de presas. Ignacio Escuder asegura que es necesario que la sociedad conozca las ventajas que aportan las grandes infraestructuras como los embalses para que acepte también los riesgos inherentes a las mismas. Aprueba la situación de los embalses valencianos aunque advierte que el riesgo cero no existe.
JOSE SIERRA VALENCIA Los valencianos recuerdan la trágica «pantanada» de Tous del 20 de octubre de 1982, con 25 víctimas mortales y en Zamora todavía lloran a los 144 muertos por la rotura de la presa de Ribadelago. En Italia, un deslizamiento en la presa de Vaiont dejó en 1963 más de 2.000 muertos... También en Estados Unidos, donde en 1998 acumulaban 8 colapsos de presas con más 3.300 muertos. Convocados por Ignacio Escuder, del Instituto de Tecnología del Agua y el Medio Ambiente, unos 200 expertos internacionales han participado en Valencia en la II Semana Internacional de Análisis de Riesgos, Seguridad de Presas y Gestión de Infraestructuras Críticas.
Cuatro días de debate y decenas de experiencias sobre la mesa. ¿Alguna conclusión?
Existe un cambio de paradigma: el reconocimiento de que el riesgo cero no existe en las presas. En general, todas las infraestructuras que tenemos nos proveen de muchísimos beneficios. Los embalses, por ejemplo, nos proveen de agua para abastecimiento; sirven de protección frente a las avenidas; regulan el agua de la agricultura, etc., pero a cambio, y con muy baja probabilidad, nos imponen unos riesgos que no tendríamos de forma natural.
A qué obliga ese cambio de paradigma?
Primero que nadie ya puede hacer las cosas solo. Hasta ahora los gestores de estas grandes infraestructuras, las industrias, trabajaban casi siempre bien, haciendo que la probabilidad de fallo fuera muy baja, pero no se comunicaban con los demás. Claro que no veían que cualquier fallo en esta infraestructura no solo les afecta a ellos ni está condicionado únicamente por su trabajo. En las presas se ve claramente: las consecuencias de su fallo están condicionadas por el urbanismo aguas abajo y la gravedad o no de lo que ocurra también tiene mucho que ver con las medidas de emergencia previstas. Eso requiere de mucha colaboración, de transparencia y de justificación en las inversiones. El que haya colaboración entre los propios gestores, de las infraestructuras, sean públicos o privados, la Administración y la propia población es fundamental para minimizar riesgos.
Resumiendo...que evitar el riesgo no es cosa solo de ingenieros...
Es esencial que la población participe porque aparte de las medidas estructurales que ya tenemos, hay medidas que forman parte de los planes de emergencia como, por ejemplo, saber cómo tenemos que movernos durante una emergencia, qué hacer, a dónde ir, etc., que pueden reducir muchos riesgos de manera muy eficiente. No todo se resuelve con otra presa más, un encauzamiento más. Lo que hay que hacer es con las infraestructuras que tenemos gestionarlas y llevarlas hacia una situación en la que representen el menor riesgo posible.
En los últimos años se ha invertido en seguridad de presas, pero ya no hay dinero para nada...
En esta situación, incluso en la anterior, con más disponibilidad de recursos, todo lo que invirtamos tiene que ser defendible en términos de riesgo. Hay que explicar en qué invertimos, por qué y cuál es el riesgo que reducimos a cambio de esa inversión. Y debemos tener procedimientos transparentes y defendibles de explicar para qué y en qué gastamos el dinero.
¿Sinceramente cree que algún gobernante priorizará obras que generalmente no se ven y carecen de cinta inaugural?
Si somos capaces de hacer visible el impacto que tienen en la reducción de riesgos, a lo mejor la ciudadanía prioriza esas inversiones o empuja para que lo hagan los tomadores de decisiones, que son representantes de esa ciudadanía, pero para eso todos debemos ganar credibilidad: la ciencia proveyendo de herramientas robustas; los tomadores de decisiones justificando sus acciones y la ciudadanía, entendiendo y colaborando en lo que ellos pueden hacer: por ejemplo asimilando una cultura de autoprotección.
La legislación española está cambiando para dar respuesta a los riesgos que representan estas infraestructuras críticas, tanto los de origen natural como los antrópicos, incluido el terrorismo.
¿Es suficiente?
El mundo ha cambiado y ya no existe aquello de limitarse a «lo que diga la legislación». En las sociedades modernas las cosas no solo se hacen porque sea o no legal, sino porque es razonable hacerlas. En ese sentido cualquier legislación tiene que ser superada por la praxis. Cumplir la ley es donde empieza el juego, aunque la ley sea muy buena, pero a partir de ahí queda mucho camino por recorrer.
Volviendo a los embalses, usted ha analizado el riesgo de muchas presas. ¿Cuál es la situación en la cuenca del Júcar?
En general, en las grandes presas de titularidad del Estado la situación es buena y comparable en el resto de países. Lo que ocurre es que el riesgo evoluciona con el tiempo. La realidad es dinámica y los perfiles de riesgo cambian. Hay nuevas urbanizaciones cerca de cauces; se asumen nuevos riesgos... Nuestro trabajo es proveer de herramientas a los tomadores de decisiones.
¿Hacen falta más presas?
Es imposible decir que sí que no de forma tajante. Puede que sea razonable construir alguna presa más, pero en grandes líneas lo que hace falta es conservación y gestión del riesgo con medidas no estructurales, lo cual no impide que algunas presas puedan seguir justificándose. Hay que hacer hincapié en estas vías porque, afortunadamente, la mayoría de las presas ya están hechas y lo mas eficiente es apostar por medidas no estructurales.
